Se puede hacer mas

Por: admin

En un post anterior Salvaescaleras, una salida a la reclusión reflexionábamos sobre las dificultades que presenta en ciertas ocasiones la mejora de las condiciones de accesibilidad a edificios existentes.
Finalizábamos con una pregunta: ¿Se puede hacer más? ¿Estaba la administración, o la ciudadanía en condiciones de dar un paso más allá para conseguir que cada vez mas personas con problemas de movilidad no se vean encerrados en su casa?

Parece que tenemos una respuesta. Bueno… dos.

DENTRO DE LA LEY

El Ministerio de Fomento, realiza semestralmente actualizaciones de sus Documentos Básicos de Seguridad Estructural (SE), Seguridad contra incendios (SI) y Seguridad de Uso y Accesibilidad (SUA), pertenecientes al Código Técnico de la Edificación incluyendo los respectivos Documentos de Apoyo. Estas actualizaciones recogen dudas planteadas por los ciudadanos a través del Blog de la Unión de Arquitectos de las Administraciones públicas (cuyo trabajo no nos cansamos de alabar)

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Hasta el pasado mes de julio el Documento de Apoyo DB SUA2, denominado en aquel momento “Criterios para la utilización de elementos y dispositivos mecánicos” limitaba el uso de las sillas salvaescaleras al ámbito doméstico:

“Las sillas salvaescaleras no permiten al usuario de silla de ruedas su uso autónomo permaneciendo sentado en su silla, razón por la que este dispositivo sólo se puede utilizar en el interior de las viviendas.”

Esta disposición, perfectamente razonable si hablamos de obra nueva, provocaba que muchas personas que podrían beneficiarse de este tipo de dispositivos no pudiese hacerlo. Hablamos de usuarios de sillas de ruedas que cuentan en sus desplazamientos con una persona de apoyo o de personas mayores o con dificultades para subir o bajar escaleras en fincas, muy habituales, en las que el ascensor finaliza en un descansillo situado ligeramente por encima del nivel del acceso al portal (2 a 8 escalones).
En la última actualización (en el momento de redacción de este post) el Documento de Apoyo que ahora ha pasado a denominarse “Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes” recoge respecto a las sillas salvaescaleras:documentoactualizado

“Las orugas motorizadas y las sillas salvaescaleras no permiten al usuario de silla de ruedas su uso autónomo por lo que no se consideran una adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad. No obstante, se pueden utilizar en casos muy particulares para facilitar la accesibilidad a ciertos usuarios cuando no exista otra solución, siempre que se cuente con la conformidad previa del usuario, se prevea su utilización por personal instruido en su manejo y no se comprometa la seguridad de utilización.”

Lo que supone un cambio fundamental para edificios en los que no es viable:
1 Dotar de un acceso al ascensor mediante un itinerario accesible.
2 Instalar una plataforma salvaescaleras vertical.
3 Instalar una plataforma salvaescaleras diagonal
En los que se cumplan, por supuesto, los requisitos especificados para el resto de plataformas en cuanto a evacuación.

MAS ALLÁ DE LAS NORMAS

La práctica diaria nos demuestra, por otra vía, que se puede hacer más.
Bueno, nos demuestra que, aunque no se puede, se hace más.
Desde 100×100 Accesible ni lo defendemos, ni lo promovemos ni nos parece la solución adecuada, pero la realidad es que día de hoy es que, en una ciudad como Madrid, la mayoría de los dispositivos instalados para la adecuación de las condiciones de accesibilidad se hacen al margen de la administración (en este caso el Ayuntamiento).

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Es decir no se ve sometido a un procedimiento de licencia en el que se valore su adecuación o no a normativa, ni se ve sujeto a tramitaciones mas o menos complicadas y de final incierto que exigen proyectos y asunción de responsabilidades; ni está gravado por tasas de licencias o impuestos de construcciones.
Una estimación aproximada nos indica que los gastos asociados a una tramitación correcta de una plataforma salvaescaleras con un presupuesto de 7.000€ está en torno a 1.800 – 2.000 €.
Este argumento por sí solo ya es suficiente para que muchas comunidades de propietarios vean oportuno asumir las consecuencias de la instalación “clandestina” de un elemento que puede dificultar las tareas de evacuación del edificio.

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